Una vez más, el expresidente de la República 2004-2009 y candidato presidencial por el Partido Popular (PP) Martín Torrijos mostró su rechazo al contrato minero con el Gobierno Nacional calificándolo esta vez, como "un nuevo tipo de enclave colonial".
"El contrato ley con Minera Panamá implica ceder la soberanía sobre los recursos naturales del país y un nuevo tipo de enclave colonial. Me opongo, porque el periodo de consulta que fue sometido terminó en un simulacro, pues las observaciones de abogados, ambientalistas y ciudadanos no fueron atendidas", aseguró el político. "El contrato ley con Minera Panamá implica ceder la soberanía sobre los recursos naturales del país y un nuevo tipo de enclave colonial. Me opongo, porque el periodo de consulta que fue sometido terminó en un simulacro, pues las observaciones de abogados, ambientalistas y ciudadanos no fueron atendidas", aseguró el político.
Otras de las razones según Torrijos es que considera como "inconcebible que el Gobierno Nacional pacte con la minera el uso específico de los dineros públicos y los comprometa por los próximos 40 años".
"El ingreso mínimo de 375 millones de dólares para Panamá solo está garantizado por los primeros tres años del contrato", aseguró el exgobernante panameño. "El ingreso mínimo de 375 millones de dólares para Panamá solo está garantizado por los primeros tres años del contrato", aseguró el exgobernante panameño.
El 3 de agosto, el ministro de Comercio e Industria (MICI) Federico Alfaro Boyd presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el documento oficial el Contrato de Concesión con Minera Panamá para su discusión en primer debate.
Con esta entrega, el contrato ley queda en manos de los diputados, quienes solo tienen la potestad legal aprobarlo o rechazarlo, es decir, no pueden hacer ningún tipo de modificación. Para este lunes, se tiene previsto su discusión en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Órgano Legislativo.
Aquel entonces, el ministro Alfaro indicó que las nuevas cláusulas del contrato contemplan más aportes económicos que lo pactado en 1997 y añadió que se busca asegurar 40 mil empleos directos e indirectos que dependen de la actividad.
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Expresidente Martín Torrijos reitera su oposición al contrato minero
