El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 24-25, por el cual se regula en el país el uso del etanol. Se trata de una propuesta que busca modificar la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional.
El proyecto de ley establece que la Secretaría Nacional de Energía (SNE) tendrá la misión de desarrollar, impulsar y ejecutar programas, proyectos y planes estratégicos para la promoción e implementación del uso de biocombustibles en el territorio nacional.
La institución también podrá establecer el uso de otros biocombustibles que se ajusten al objeto de esta ley, como el bioetanol hidratado y otros biocombustibles.
Entre las funciones que se le darán a la SNE está establecer los porcentajes, proporciones y volúmenes aplicables para la mezcla de hidrocarburos o sus derivados con biocombustibles, con el fin de regular su comercialización, distribución y uso en el territorio nacional.
Promoción de biocombustibles
También deberá promover la realización de estudios de tecnologías, la producción y la promoción de biocombustibles; impulsar el estudio de tecnologías, de producción y de promoción de la generación o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa; promover y recomendar la promulgación de instrumentos legales necesarios que permitan y faciliten la incorporación y el uso de biocombustibles en Panamá, así como la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa.
Además, la SNE coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la legislación fiscal apropiada para estos productos, así como los instrumentos económicos necesarios para incentivar los cultivos, la agroindustria y el uso de biocombustibles y la generación y/o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa.
En tanto, con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se establecerá la elaboración, adopción y actualización de los reglamentos técnicos aplicables a la producción, mezcla, comercialización y uso de biocombustibles en el país.