La Cámara Minera de Panamá (Camipa) reiteró su expectativa de que el Gobierno defina el futuro de la actividad minera en el país, luego de cerca de tres años de suspensión de las operaciones de Cobre Panamá tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de esta concesión minera.
Mecanismos legales
Durante uno de sus encuentros de “Diálogos Mineros”, el gremio destacó los resultados de la auditoría realizada a las operaciones, que reflejó un nivel de cumplimiento ambiental de 87.7%, y señaló que ahora corresponde al Ejecutivo determinar si se retoma la actividad, bajo qué condiciones y cuál sería el mecanismo legal para hacerlo.
Mientras esa decisión continúa pendiente, representantes del sector advierten que la incertidumbre también está generando efectos sobre las comunidades, proveedores y otras actividades vinculadas a la minería.
Un consultor internacional con experiencia ambiental y estratégica señaló que el análisis debe considerar no solo la operación minera, sino también el impacto que su paralización tiene en las economías locales y en las cadenas de suministro. Aseguró que sí hay minería sostenible.
"Yo creo que parte es un ejercicio de información, el desconocimiento es una realidad, los sesgos es una realidad, al igual que los impactos también son realidad", expresó Hernando López, director de Medio Ambiente SGS.
Pérdidas económicas
Proveedores que dependían de esta actividad aseguran que sus negocios han registrado una importante caída desde la suspensión de las operaciones.
"Al darse el cese de operaciones, nuestra empresa quedó sin operaciones, buscando oportunidades, pero lo que nosotros hacemos está enfocado solamente en el sector minero y hay pocas industrias donde podamos desarrollarnos como lo hacíamos con la mina", explicó Abel Oliveros, proveedor de la mina.
Antes del cese de operaciones, la mina contaba con cerca de 2 mil proveedores locales los cuales percibían ingresos superiores a los $800 millones anuales de Cobre Panamá.