El diputado por la libre postulación, Betserai Richards, denunció irregularidades en la construcción de obras públicas. Expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios que aprueban proyectos de esta índole.
El diputado expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios que aprobaron el proyecto, quienes aún no han explicado el destino de los fondos desembolsados.
Rendición de cuentas en proyectos de obras públicas
Richards cuestionó la responsabilidad de los funcionarios involucrados y destacó que este caso es solo un ejemplo de cómo se pierden recursos a nivel nacional. Sugirió que para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro, es esencial reunir a la Contraloría, la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras instituciones encargadas de la fiscalización y contratación para revisar y mejorar los procesos.
Propuesta de reforma para el cuarto puente y su fiscalización
En relación con el proyecto del cuarto puente sobre el Canal, Richards subrayó la necesidad de revisar y ajustar el proceso para asegurar que los recursos del Estado sean bien invertidos. Propuso que, en caso de irregularidades o escándalos de corrupción, la obra sea paralizada para realizar una auditoría exhaustiva.
Modificaciones a la ley de presupuesto
Richards también comentó sobre la modificación de la ley de presupuesto presentada por el ministro del MEF, Felipe Chapman. La propuesta inicial permitía al Ejecutivo trasladar partidas internas de hasta 5 millones de dólares sin pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Asamblea decidió reducir este monto a 500 mil dólares. Además, se eliminaron los viáticos para expresidentes y exvicepresidentes, así como los viáticos para ministros, viceministros y directores de instituciones que habían sido restablecidos por la administración anterior en nombre de la austeridad.
Richards destacó la importancia de estas modificaciones y el papel de la Asamblea en la regulación de los recursos del Estado, instando a una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
