Panamá, 19 de mayo de 2020.
Las observaciones de la Defensoría del Pueblo están basadas en dos inspecciones que Oficiales de Derechos Humanos realizaron en el área, en el cual se detectaron varias violaciones a los derechos de estos privados de libertad entre los que destacan: el derecho a la vida, salud, a la visita de sus abogados y familiares, acceso al agua potable (reciben 7 botella chicas de agua diaria), a la debida alimentación; entre otros.
Durante la reunión con los profesionales del derecho, Coco de Garibaldi sostuvo que la entidad mantendrá su posición del traslado de estos privados de libertad a otra cárcel, ya que Panamá es signataria de convenios internacionales en materia de derechos humanos y tratos crueles y degradantes los cuales no se cumple al mantener este centro penitenciario insular.
“Nosotros somos críticos constructivos del gobierno, no podemos pedirle que cierren Punta Coco, eso está más allá de nuestro mandato, pero si podemos como lo estamos haciendo en este informe, que se tomen las medidas necesarias para el traslado de estas personas, ya que se violan sus derechos como seres humanos”, puntualizó la Defensora del Pueblo.
Por su parte, Valentin Jaén, felicitó la actitud asumida por la Ombudsman de entregar, a solicitud de las partes, un informe sobre la situación que se vive en Punta Coco, ya que permite solicitar ante las autoridades tomar las acciones que conlleven al traslado de estas personas.
“Es mentira que los privados de libertad que están en Punta Coco son los culpables o responsable de la situación de inseguridad que se vive en el país, estas personas se le están violando sus derechos y las autoridades deben tomar cartas en el asunto o sino asumir su responsabilidad”, acotó el jurista.
FUENTE: Redacción Eco Tv