La aprobación del proyecto de ley sobre sustancia económica abrió un intenso debate entre el sector legal, empresarial y marítimo panameño sobre sus posibles efectos en la economía del país, la inversión extranjera y el futuro del régimen fiscal panameño.
¿Qué busca la ley?
Según los especialistas, la llamada “Ley de Sustancia Económica” pretende garantizar que las sociedades registradas en Panamá tengan una presencia real en el país, más allá de existir únicamente en papel.
Eso implicaría demostrar operaciones, gastos, toma de decisiones estratégicas y actividad económica tangible dentro del territorio panameño.
Sector marítimo logró cambios al proyecto
Uno de los puntos que más preocupación generó fue el posible impacto sobre las sociedades propietarias de buques registrados bajo bandera panameña.
Inicialmente, el proyecto no excluía de forma expresa al sector marítimo, lo que encendió alarmas dentro de la industria naviera.
Sin embargo, aseguraron que tras conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, se logró introducir ajustes para proteger la marina mercante panameña.
Calificaron como “positiva” la apertura mostrada por la Asamblea durante la discusión del proyecto.
¿Panamá puede perder empresas?
Aunque los entrevistados reconocieron que la ley podría mejorar la imagen internacional de Panamá y abrir puertas a futuras inversiones, también admitieron que existe preocupación dentro del sector privado por una posible salida de empresas.
Porras advirtió que muchas sociedades panameñas podrían entrar dentro de la categoría de multinacionales y verse obligadas a cumplir nuevas exigencias fiscales y administrativas. “El riesgo de un éxodo existe, pero también puede haber oportunidades”, señaló.
Explicó que algunas compañías podrían optar por mudar sus estructuras jurídicas a jurisdicciones más flexibles si consideran excesivos los nuevos requisitos.
La clave no será solo aprobar la ley
Los especialistas insistieron en que aprobar la legislación no garantiza automáticamente la salida de Panamá de listas fiscales europeas ni una llegada inmediata de inversión extranjera.
Aseguraron que el verdadero reto estará en la implementación, la simplificación de procesos y la capacidad del país para generar confianza. “Esto tiene que venir acompañado de desburocratización, educación y seguridad jurídica”, destacaron.
Territorialidad fiscal seguirá vigente, pero con excepciones
Otro de los temas debatidos fue si la nueva normativa representa una ruptura con el tradicional principio de territorialidad fiscal panameño.
Un paso dentro de una estrategia más amplia
Coincidieron en que la ley debe entenderse como parte de una estrategia más amplia del Estado panameño para alinearse con estándares internacionales y fortalecer su reputación financiera.
Sin embargo, advirtieron que el impacto final dependerá de factores políticos, económicos y regulatorios que van mucho más allá del texto aprobado en la Asamblea.