Según el exfiscal Giovanni Olmos, la falta de respuestas por parte de las autoridades ante presuntas irregularidades en algunas auditorias en la asamblea, han llevado a diversos sectores a señalar una posible denegación de justicia en el país. Este concepto, que en otros países ya es considerado un delito, se refiere a la omisión de respuesta por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Existen leyes en la contraloría, en donde se deben realizar investigaciones e inspecciones para determinar si ha habido una correcta administración de los fondos públicos, mencionó.
Caso de los diputados suplentes: Una irregularidad evidente
Si la auditoría responde a una solicitud del Ministerio Público, su informe deberá integrarse en una investigación más amplia. Sin embargo, si fue realizada de oficio, sus hallazgos podrían servir como prueba en la denuncia interpuesta por la diputada Walkiria Chandler ante la Fiscalía de anticorrupción.
El fallo enfatizó que no se puede utilizar ninguna ficción jurídica ni contrato administrativo para justificar pagos a diputados suplentes, lo que refuerza la necesidad de revisar cualquier mecanismo que haya permitido su remuneración de manera irregular. Este criterio es comparable con la práctica en otros órganos del estado, donde los funcionarios suplentes solo reciben honorarios cuando ejercen funciones efectivas, señaló.
La Corte, como único intérprete de la constitución, ha emitido fallos claros y vinculantes, por lo que no debería existir margen para su desconocimiento o tergiversación.
Crisis de confianza en la Corte Suprema de Justicia
La denuncia apunta a cada gobierno, se observa un desconocimiento progresivo y sistemático de los fallos de la Corte, generando una crisis de confianza en la institucionalidad y en el respeto a la constitución. Ante esto, se exige que el Ministerio Público y los organismos de control garanticen el cumplimiento efectivo de la ley, sin distorsiones políticas ni interpretaciones arbitrarias.
El debate sigue abierto, y la sociedad panameña espera respuestas concretas que refuercen la confianza en las instituciones y en el manejo de la justicia en el país.