La Defensoría del Pueblo determinó que no se pudo comprobar la vulneración al Derecho a la Salud, Dignidad Humana, Discriminación y Derecho de Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes de la Provincia de Bocas del Toro, dado que no existen elementos concluyentes en esta investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada de parte de funcionarios de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud.
Durante la investigación, la Defensoría del Pueblo asegura que hizo llamados reiterativos ofreciendo el servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía, sin embargo, hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención.
Eduardo Leblanc, titular de la entidad precisó que luego de verificar en los registros médicos pudieron determinar de que sí hubo un consentimiento previo e informado de esterilización .
"No hay una campaña que se han realizado esterilizaciones forzadas", precisó el vocero de la Defensoría del Pueblo. "No hay una campaña que se han realizado esterilizaciones forzadas", precisó el vocero de la Defensoría del Pueblo.
Subrayó que se han verificado en los hospitales la población que fue objeto del salping y no hay indicios.
"El salping no se puede hacer en el Centro de Salud, ni una casa, ni una partera, se tiene que hacer en un hospital y no reportan una cantidad y cifra que levante bandera roja, la cual demuestre esterilización forzada". "El salping no se puede hacer en el Centro de Salud, ni una casa, ni una partera, se tiene que hacer en un hospital y no reportan una cantidad y cifra que levante bandera roja, la cual demuestre esterilización forzada".
La Defensoría del Pueblo seguirán con las puertas abiertas para recibir los casos pertinentes y activar las investigaciones.
Agregó que "este informe se lo están enviando al relator de derechos humanos de las poblaciones originarias".
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Defensoría del Pueblo: sin pruebas de esterilización forzada
