Una iniciativa ciudadana presentada ante la Dirección Nacional de Participación Ciudadana propone convertir el transfuguismo político en un delito de acción pública, con sanciones penales para quienes abandonen la plataforma política con la que fueron electos y multas para los partidos que los reciban.
Según González, la iniciativa no está dirigida contra una persona en particular, aunque reconoce que surge en medio del debate nacional generado por el caso del diputado Manuel Chen.
"El diputado representa a los ciudadanos, no a sí mismo"
El promotor del anteproyecto argumentó que un diputado no actúa únicamente en representación propia, sino de los ciudadanos que respaldaron una propuesta política en las urnas.
A su juicio, abandonar esa plataforma una vez obtenido el cargo constituye una violación del pacto con los electores y un acto que debe tener consecuencias legales.
Para sustentar la propuesta, citó el artículo 50 de la Constitución, así como convenciones internacionales contra la corrupción ratificadas por Panamá, entre ellas las de la ONU y la OEA.
Plantean castigos para diputados y partidos políticos
La propuesta no solo contempla sanciones para el funcionario que incurra en transfuguismo, sino también para el partido o movimiento político que lo reciba.
González explicó que las multas serían determinadas por el Tribunal Electoral y podrían variar según las circunstancias del caso. Además, indicó que la iniciativa plantea investigar las razones detrás del cambio de bancada y establecer responsabilidades cuando existan beneficios políticos o administrativos derivados de esa decisión.
Descartan que la iniciativa limite libertades
Durante la entrevista, González rechazó las críticas de quienes consideran que la propuesta vulnera la libertad de asociación o de pensamiento.
Aseguró que el anteproyecto no impide que una persona cambie de ideología o afiliación política, sino que busca sancionar a quienes, una vez electos gracias al respaldo de un partido o movimiento, abandonen ese compromiso adquirido con los votantes.
Debate sobre el papel de los ciudadanos
Durante la conversación también surgió el debate sobre si, en lugar de crear nuevos delitos, debería fortalecerse la figura de la revocatoria de mandato para que sean los propios ciudadanos quienes decidan si un diputado debe permanecer en el cargo.
González respondió que ambas herramientas pueden coexistir, pero insistió en que el país necesita "certeza del castigo" para desalentar el transfuguismo y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
