El magistrado del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario, calificó el 2025 como uno de los años más intensos en la historia de la institución, marcado por un volumen sin precedentes de auditorías remitidas por la Contraloría General de la República y por el impulso a una reforma legal que busca hacer más eficiente la recuperación de fondos públicos.
“Nosotros no actuamos por iniciativa propia. Necesitamos que la Contraloría determine una irregularidad para poder establecer cuánto costó al Estado y quién debe responder”, explicó Del Rosario, al subrayar el rol constitucional del Tribunal como ente encargado de juzgar reparos y ordenar la recuperación de recursos públicos.
Más auditorías, más presión… y más trabajo
El magistrado reconoció que el aumento en las auditorías ha generado una presión institucional significativa, pero aseguró que se trata de una carga positiva. “Eso es lo que queremos: trabajar”, afirmó, destacando la coordinación con la actual Contraloría y el impacto directo que esto tiene en la actividad del Tribunal.
Actualmente, el Tribunal mantiene más de 20 millones de dólares en bienes cautelados, a valor de mercado, a la espera de sentencias en firme para su ejecución, lo que demuestra según Del Rosario que existen recursos suficientes para resarcir al Estado una vez se culminen los procesos.
El cuello de botella: la ejecución de las sentencias
Uno de los principales problemas identificados es el embotellamiento en la etapa de ejecución, que hoy recae en los jueces ejecutores de la Dirección General de Ingresos (DGI). Los expedientes, que pueden superar las 10 mil o 15 mil páginas, sumados a la sobrecarga laboral, provocan retrasos que pueden extenderse por años.
Por ello, el Tribunal impulsa una reforma legal que permitiría ejecutar sus propias sentencias, eliminando intermediarios y acelerando la recuperación de fondos públicos.
La reforma que busca cambiar el juego
Del Rosario adelantó que el proyecto de reforma a la Ley del Tribunal de Cuentas ya está conceptualmente consensuado con la Contraloría y la DGI, y que se aspira a remitirlo al Órgano Ejecutivo antes de que finalice el año, para que sea presentado a la Asamblea Nacional en 2026.
Entre los cambios clave que plantea la reforma destacan:
- Permitir que el fiscal de cuentas inicie investigaciones.
- Sacar al Tribunal del paraguas administrativo y fortalecer su carácter jurisdiccional.
- Aplicar el Código Judicial como norma supletoria.
- Reforzar las medidas cautelares desde etapas tempranas.
- Autorizar al Tribunal a ejecutar directamente sus sentencias.
Descentralización paralela: legalidad versus uso de fondos
Sobre los casos de descentralización paralela, el magistrado fue claro: la entrega de fondos a municipios es legal. El foco del Tribunal no está en la asignación, sino en cómo se usaron esos recursos.
“La pregunta no es si se dio el dinero, sino qué se hizo con él. Si no se puede sustentar su uso adecuado, el caso llega al Tribunal”, explicó, aclarando que tanto funcionarios como particulares que hayan recibido fondos públicos pueden ser considerados agentes de manejo y responder ante la jurisdicción de cuentas.
De mantenerse el ritmo de auditorías, Del Rosario anticipó que a mediados de 2026 el Tribunal tendrá un volumen aún mayor de expedientes relacionados con transferencias a gobiernos locales, en un escenario donde la transparencia y la rendición de cuentas seguirán en el centro del debate público.
