El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, advirtió que el Poder Judicial atraviesa una etapa crítica de cambios estructurales que no han resuelto los problemas históricos de la justicia y que, junto a las rebajas de pena, han generado mayor tensión, desconfianza ciudadana y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema.
A este escenario se suma la entrada en vigencia del sistema procesal civil basado en la oralidad, lo que exige cambios no solo en la estructura judicial, sino también en la preparación de jueces, abogados y funcionarios. “Estamos viviendo un reajuste fuerte que obliga a tomar decisiones firmes para evitar una crisis mayor”, advirtió.
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Rodríguez reconoció avances durante su gestión, pero consideró prudente evaluar un relevo que permita refrescar la Corte y enfrentar los retos actuales con una nueva visión. “Hay señales de agotamiento y también aspiraciones legítimas de otros magistrados que podrían fortalecer la administración de justicia”, señaló.
El jurista también se refirió a las críticas del presidente José Raúl Mulino a decisiones de jueces de garantías, especialmente en casos de alto perfil. Rodríguez fue enfático: muchas decisiones judiciales dependen de la solidez de los expedientes y del trabajo del Ministerio Público, señalando deficiencias en la preparación de algunos fiscales. “Un juez no puede decidir con base en percepciones mediáticas, sino en los elementos que le presenta la fiscalía”, recalcó.
Sobre la percepción ciudadana de que figuras cercanas al poder suelen quedar en libertad, Rodríguez llamó a la cautela y recordó que el sistema penal es garantista, lo que implica proteger los derechos fundamentales del imputado hasta que se demuestre plenamente su culpabilidad.
Rebajas de pena
Sostuvo que se trata de una facultad del Órgano Ejecutivo con una fuerte carga política y subrayó la necesidad de establecer criterios claros y justificados, al igual que se exige a los jueces al motivar sus fallos. “De lo contrario, se afecta la moral pública y la confianza en todo el sistema”, alertó.
Finalmente, Rodríguez insistió en que Panamá debe repensar integralmente su sistema de justicia, desde el diseño de las leyes en la Asamblea Nacional hasta su aplicación efectiva. “La certeza no es el castigo inmediato, sino el respeto a las garantías. Pero una vez comprobada la culpabilidad, debe existir una verdadera certeza del castigo”, concluyó.
