A pocos días de abandonar el cargo luego de culminar su nombramiento de 10 años, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, manifestó que se unificaron las tres demandas de inconstitucionalidad contra la ley de reformas electorales para lograr una mejor agilidad, aunque reconoció que el trámite consiste en pasos que pueden tardar meses. Una de estas fue interpuesta hace unos días por los magistrados del Tribunal Electoral.
En medio del ambiente político y jurídico, al exfiscal electoral Boris Barrios, le preocupa que el Tribunal Electoral no publique a tiempo el texto único del nuevo Código conforme a las reformas. Aseguró que una demanda de inconstitucionalidad no se resuelve en menos de un año y que en base a la experiencia, la Corte Suprema de Justicia se tarda de dos a tres años en resolverlas, incluso más tiempo, en caso de tratarse de procesos de alto perfil. El magistrado Luis Ramón Fábrega indicó que el proceso se podría agilizar todo lo que permita la ley y que precisamente el límite permitido sería este de hasta tres años.
El exfiscal Boris Barrios analiza los escenarios y los vacíos de darse una decisión tardía a favor de la inconstitucionalidad de algunos artículos, que podría alterar los comicios del 2024. Mencionó que en enero de 2022 el Tribunal Electoral tiene que abrir el proceso electoral para los aspirantes de libre postulación, quienes deben comenzar a buscar las firmas de sus adherentes, mientras que en enero de 2023 pasará lo mismo con los partidos políticos, por lo que es urgente tomar una decisión con respecto a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las reformas electorales.
Con la acumulación de demandas, la Corte Suprema de Justicia apostará a la economía procesal y así evitar que salgan sentencias diferentes de un solo tema.