El Tribunal Electoral (TE) de Panamá aprobó, mediante acuerdo del Pleno 7-1 del 15 de febrero de 2022, el nuevo texto único del Código Electoral, el cual fue publicado este 22 de febrero en Gaceta Oficial, el cual regulará las próximas elecciones generales de 2024, contiene las reformas aprobadas mediante la Ley 247 del 22 de octubre de 2021.
El documento lleva la firma de los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá.
Tribunal Electoral explicó que la Ley 247 que reforma el Código Electoral modifica, adiciona y deroga las disposiciones al Código Electoral e introduce títulos, capítulos y artículos al texto electoral, quedando algunos artículos sin alteración, por lo que se requiere elaborar una ordenación sistemática de la legislación electoral, en forma de texto único.
Entre los cambios que establece el nuevo Código Electoral están por ejemplo el financiamiento preelectoral de 7% para los candidatos de libre postulación y 93% para partidos políticos; se reduce el tiempo del fuero penal electoral que será desde inicio de la campaña hasta la ejecutoría de la proclamación, se establece que toda postulación de precandidatos y candidatos estará compuesta de un principal de un género acompañado de un suplente de otro género.
Además, se prohíbe que las campañas reciban donaciones de empresas que no ejerzan actividades económicas en el país, donaciones anónimas, de personas, gobiernos, organizaciones extranjeras, empresas donde el Estado se accionista, de empresas contratistas con el Estado o que sean concesiones del servicio público.
Se mantiene la fórmula vigente de asignar las curules por cociente, medio cociente y residuo en los circuitos plurinominales.
La Ley 247 que reforma el Código Electoral fue sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo el 22 de octubre de 2021, pese a cuestionamientos de la sociedad por algunos aspectos como la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, la paridad de género en las postulaciones, la distribución del financiamiento público preelectoral entre partidos políticos y candidatos por la libre postulación.