El diputado Jhonathan Vega defendió el anteproyecto de ley que busca poner fin al uso vitalicio de escoltas, vehículos y otros privilegios asignados a expresidentes, al considerar que representan un alto costo para el Estado y van en contra del principio constitucional de igualdad.
El diputado recordó que la Constitución, en su artículo 19, prohíbe los fueros y privilegios, y señaló que una vez terminado el mandato presidencial, el expresidente ya no ejerce funciones públicas ni representa al Estado, por lo que mantener estos beneficios resulta injustificable.
Además del impacto económico, Vega cuestionó el uso del recurso humano. “Tenemos policías altamente entrenados cuidando residencias privadas, cuando podrían estar protegiendo al pueblo panameño”, afirmó.
El proyecto y los ajustes que vienen
La iniciativa plantea limitar los beneficios a un máximo de 10 años, aunque el diputado adelantó que impulsará una modificación para reducir ese plazo a 5 años. En el caso de los secretarios asignados a expresidentes actualmente vitalicios, la propuesta busca limitarlos a solo dos años.
Vega aclaró que la intención no es desconocer la investidura del cargo que ocuparon, sino ordenar el uso de los recursos públicos y cerrar vacíos legales, ya que la Ley 55 de 1996 no regula el tema de los escoltas.
El obstáculo político
Aunque el partido Realizando Metas anunció en redes sociales su apoyo al proyecto, Vega fue directo: sin prohijamiento en la Comisión de Gobierno, el proyecto no avanza. La comisión es presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, y de su decisión depende que la iniciativa llegue al primer debate.
Comparaciones que no aplican
Vega también rechazó comparar el caso panameño con países como Estados Unidos. “No podemos comparar peras con manzanas. Panamá no enfrenta conflictos bélicos globales. Nuestra realidad es otra y nuestras prioridades también”, sostuvo.
Para el diputado, el mensaje es claro: menos privilegios, más inversión social. “Hay estudiantes de medicina sin recursos para hacer sus prácticas, faltan docentes, enfermeros y médicos. Ahí es donde tiene que ir el dinero del Estado”, concluyó.
