Giovanni Olmos, exfiscal del Ministerio Público, analizó la situación en la Asamblea Nacional, sugiriendo que una serie de 500 "botellas" podrían derivarse de actos administrativos a un tema penal. Según Olmos, la identificación de estas designaciones indica que se realizó un abordaje audital previo para determinar primeras irregularidades, sin perjuicio de otros hallazgos.
Nombramientos en planillas de la Asamblea Nacional
El exfiscal también identificó lo que considera una "distorsión" y un "vacío" en la fiscalización legal, explicando que los nombramientos, presupuestos y todo lo derivado es comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero sin vincular a la institución.
Olmos resaltó que, la consecuencia directa de esta situación es una serie de despilfarros a los fondos del Estado, que podrían ser utilizados para responder a las necesidades de la población en áreas como la salud, mencionando que estos fondos podrían destinarse a hospitales, citas médicas, más médicos, especialidades y la prolongación de turnos, evitando que las personas tengan que madrugar o esperar años por una operación.
En medio de esta situación, el exfiscal percibe un "silencio cómplice" permisible, advirtiendo que hay actuaciones y supuestas irregularidades que violan la constitución y la ley, considerando que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional, que es definitiva, existe un "dolo directo" de algunos servidores públicos.
Posibles delitos identificados por el exfiscal
- Recibir un salario de manera injustificada, sin cargo o función específica.
- Incumplir los deberes servidos al público.
Aunque Olmos consideró este último como una norma "ilusoria" por su baja pena y el abuso de autoridad, indicando que podría haber otros delitos contra la Administración Pública, lo cual dependerá de la lectura detallada del informe de auditoría.
Ante los hallazgos, el exfiscal consideró que, por responsabilidad de la Contraloría se deben seguir haciendo fiscalizaciones mediante la entrega de cheques y supervisiones, sobre qué pasará con las 500 "botellas" denunciadas por el contralor, sugirió que deben declararse sin efecto.
En definitiva, Olmos enfatizó la importancia de que la investigación, si se da, se ejecute de forma oportuna, con celeridad y "celo procesal" para obtener respuestas, lamentando que a pesar de las denuncias y los señalamientos de corrupción, exista un "silencio" en cuanto a los resultados de las investigaciones por parte de la procuraduría y los fiscales.