El Gobierno panameño presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el Proyecto de Ley 10-26, que introduce modificaciones al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, marco regulatorio eléctrico, buscando beneficiar al consumidor final del servicio público de electricidad.
Con iniciativa legislativa, sostuvo el titular del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo busca reforzar tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes.
Este Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado martes 16 de junio, incluye modificaciones a los plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, y herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.
Estas nuevas medidas procuran equilibrar la relación entre los prestadores del servicio y los usuarios, asimismo, dispone que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado, también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones.
En materia de acceso, suma la participación de las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para llevar el servicio a las comunidades de más difícil y costoso acceso.
El ministro Orillac estuvo acompañado del secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez y Edgardo Lasso, de la Oficina de Consejo de Gabinete.
