El diputado Luis Duke cuestionó la ausencia del listado de municipios que fueron favorecidos con las transferencias extraordinarias de fondos del Gobierno central. A juicio del parlamentario y en aras de la rendición de cuentas, esta es una deuda pendiente del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el contralor Anel Flores.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República (CGR) justificaron las transacciones.
"Esta administración realizó transferencias a los gobiernos locales por $6.9 millones en 2024 y $4.69 millones en el 2025, comparado con con $143 millones, estamos hablando de una fracción de lo que se hacía en el pasado. Esto representa una reducción de 96%", sustentó Chapman el pasado jueves.
Por su parte, el contralor Anel Flores hizo lo propio al comprometerse a realizar las auditorías respectivas sobre la utilización de los fondos.
"Hay muchas voces que están señalando eso como si fuera un gran escándalo en el país que no lo es, pero esos mismos diputados de esas bancadas son los que me están solicitando en estos momentos prórroga, porque no han podido hacer su rendición de cuentas", cuestionó Flores.
Contraloría debe jugar su papel
Los diputados Lenin Ulate y Luis Duke, negaron, con documento en mano, tener pendientes la presentación de informes ante la Contraloría.
"Si el contralor tiene información de quienes son los diputados que están pidiendo prórroga y demás, en el informe de rendición de cuentas que él solicitó con el subsidio post electoral que indique y diga quienes son estos diputados. Nosotros de manera responsable hemos cumplido, no solo con el informe de rendición de cuentas que pide él porque esto ya se presentó al Tribunal Electoral", solicitó Ulate.
Mientras Duke, exigió al contralor Flores "ser más beligerante" en los procesos que tiene bajo su cargo.
A esto se le suma que el Ministerio de Cultura transfirió 675 mil dólares a los municipios de La Pintada y Aguadulce.
Ulate cuestionó que estos fondos hayan sido utilizados "para cubrir gastos de festividades como fiestas patrias, fiestas de navidad, topones, adornos para parques, plazas, seguridad y para cubrir fiestas patronales".
El nuevo escándalo ha sido calificado como la Descentralización Paralela 2.0.