Los alcaldes, concejales y representantes perdieron automáticamente el privilegio de recibir montos elevados en concepto de gastos de movilización, como medida de corrección de la Contraloría General de la República. Luego de que el contralor Gerardo Solís eliminara los gastos de movilización que permitían a las autoridades de los gobiernos locales lograr ingresos mensuales superiores a los 12 mil dólares, el abogado Ernesto Cedeño acudió al despacho del procurador de la administración Rigoberto González, para que analice los efectos legales de la decisión y solicite a la contraloría una auditoría donde se evalúe el reembolso millonario al Estado.
El abogado advirtió que el caso podría estar ligado a una lesión patrimonial. Enfatizó que siempre la Contraloría General de la República tiene la labor y la potestad de suspender porque está en la potestad del artículo 280 de la Constitución. Él lo podía suspender porque se trata de un cobro indebido y se aleja del procedimiento jurídico establecido.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, la actuación de la Contraloría General de la República marca un precedente para el futuro de la administración pública.
Debido al calor del debate, el jurista José Alberto Álvarez vaticina un choque entre los alcaldes y el contralor Solís. Supone que las autoridades locales estarán pensando en acciones legales para que sea la justicia la que se pronuncie, aunque dice que independientemente de si lo quieren o no, se debe apoyar la medida tomada por el titular de la Contraloría General de la República, Gerardo Solís.
Solo en concepto de movilización, los 751 alcaldes, concejales y representantes, gastaron 12 millones de dólares en el año 2020.
