El debate sobre la descentralización volvió a ocupar la agenda de la Asamblea Nacional, en medio de la discusión del proyecto de ley que busca fortalecer los gobiernos locales, pero que aún genera interrogantes sobre el traslado de competencias y el financiamiento de las responsabilidades municipales.
El reto de los recursos y la desigualdad en Panamá
García cuestionó el actual esquema de distribución de fondos a municipios y juntas comunales, señalando que no responde a criterios de equidad. Actualmente, explicó, los fondos se asignan de manera igualitaria sin considerar variables como población, pobreza o desempleo, lo que, a su juicio, profundiza las desigualdades entre comunidades.
En ese sentido, propuso que la distribución de recursos tome en cuenta indicadores objetivos como población, índice de desempleo y pobreza multidimensional.
También planteó la necesidad de que el financiamiento de la descentralización se base en un porcentaje fijo de los ingresos del Estado, similar a modelos aplicados en países como Costa Rica o en Europa.
Transparencia y control del uso de fondos
Otro de los puntos abordados fue la transparencia en el manejo de los recursos públicos a nivel local. García destacó la importancia de fortalecer mecanismos de control y rendición de cuentas.
Señaló que plataformas como el sistema de información de la Contraloría permiten hoy una mayor visibilidad del uso de fondos, aunque insistió en la necesidad de mejorar auditorías más allá del control contable.
Debate sobre el rol de la Contraloría y los recursos disponibles
El dirigente también advirtió que las reformas deben considerar la capacidad real de las instituciones encargadas de fiscalizar.
San Miguelito y el manejo de la recolección de desechos
En otro tema, Guillermo García también se refirió a la situación del sistema de recolección de basura en San Miguelito, actualmente bajo intervención de la Autoridad de Aseo, tras una crisis operativa de la empresa concesionaria.
Recordó que existe una disputa legal sobre la competencia del servicio, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, luego de una demanda de nulidad contra la intervención estatal.
Aunque la Procuraduría de la Administración recomendó anular la medida, el dirigente explicó que la decisión final no es vinculante, pero sí orientadora para los magistrados.
Mientras tanto, afirmó que la recolección de desechos se mantiene con dificultades, pero con esfuerzos coordinados entre autoridades y juntas comunales. “Lo importante es que la comunidad reciba el servicio. No se trata de pelear, sino de resolver”, puntualizó.
