El empresario del sector logístico Carlos Sousa planteó que la región del occidente de Panamá específicamente Bocas del Toro y Chiriquí podría convertirse en un nuevo polo de desarrollo económico si prosperan dos anteproyectos de ley que buscan darle un marco jurídico sólido a las inversiones en la zona.
Uno de los proyectos propone una autoridad regional, similar a la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), para administrar activos estratégicos en occidente. El otro busca crear un esquema jurídico parecido al de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con el fin de operar no construir la infraestructura logística de la zona.
Activos estratégicos y visión de desarrollo
La propuesta contempla la supervisión de:
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Puertos de Almirante y Chiriquí Grande, con potencial de ampliación.
Un nuevo puerto de cruceros en Almirante.
Un aeropuerto internacional en tierra firme (más de 2.600 metros de pista).
Un Parque Logístico y Zona Libre en Puerto Armuelles.
Mejoras en la conectividad vial hacia el aeropuerto de Males.
La idea es generar un ecosistema que atraiga inversión privada en sectores como biocombustibles, biomasa y energía.
“Sin marco legal, no hay inversión”
Sousa fue tajante: Panamá promociona proyectos como trenes o gasoductos sin antes definir reglas claras.
El esquema propuesto permitiría que la empresa privada construya y opere, mientras el Estado concede y regula.
Canal seco y corredor bioceánico
La visión es clara: un corredor logístico bioceánico que conecte los dos océanos por occidente, complementando no compitiendo con el Canal.
Para que este proyecto tenga sentido económico, Sousa explicó que deberían transitar al menos 24 mil TEUs cada 2 o 3 días, cifra clave para que las navieras se interesen.
Inversión privada como motor
El rol de la ACP
El empresario aclaró que no se busca reemplazar ni competir con la ACP: “La ACP debería operar el corredor, no financiarlo ni construirlo. La carga no los barcos debe ser el enfoque. La data logística es poder”.