El abogado de Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, abordó la situación jurídica del expresidente y el reciente otorgamiento del salvoconducto que le permitiría trasladarse a Nicaragua, país donde solicitó asilo político. Carrillo explicó que la aceptación de Martinelli para su traslado a Nicaragua es consecuencia directa de su solicitud de asilo. "Tú no pides asilo para quedarte en unas condiciones adversas, sino para que te proteja", afirmó.
A nivel internacional, Martinelli cuenta con una denuncia admitida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un fallo favorable del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Ahora, con el asilo otorgado por Nicaragua, su situación legal adquiere una nueva dimensión.
Caso Odebrecht y la situación en EE.UU. y España
Respecto a la posibilidad de procesos abiertos en otros países, Carrillo negó que Martinelli enfrente cargos en Estados Unidos por el caso Odebrecht. Recordó que el expresidente estuvo en territorio estadounidense entre 2015 y 2018, cuando Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en 2016. Según él, si existiera algún proceso en su contra, EE.UU. no habría permitido su extradición a Panamá en 2018.
Sobre posibles investigaciones en España, aseguró que hasta el momento no han recibido ningún requerimiento por parte de las autoridades del país europeo.
Demandas en la Corte Suprema de Justicia
El magistrado Olmedo Arrocha tiene en sus manos tres demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de distintas resoluciones judiciales en los casos del expresidente. Carrillo detalló que estas incluyen impugnaciones contra la orden de indagatoria y la sentencia condenatoria.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que a Martinelli se le negó el derecho a contrainterrogar a testigos clave, lo que, según Carrillo, vulnera el debido proceso. "Nadie puede ser condenado si no se le permite ejercer su defensa", enfatizó.
El salvoconducto y su impacto político
El abogado también señaló que el salvoconducto concedido por Panamá era una obligación bajo los tratados internacionales, aunque su otorgamiento se dilató por razones políticas. "El gobierno tenía la responsabilidad de concederlo desde que Nicaragua otorgó el asilo", explicó. Según él, la demora en la entrega expuso a Martinelli a un deterioro de su salud y a una mayor vulnerabilidad legal.
Finalmente, Carrillo indicó que la defensa no tenía conocimiento previo sobre los términos bajo los cuales se concedió el salvoconducto, lo que generó incertidumbre en el proceso.