La exdiputada Ana Matilde Gómez, celebró las recientes auditorías a la planilla de la Asamblea Nacional por parte de la Contraloría General de la República, pero enfatizó la necesidad de que estas se realicen con total imparcialidad y profundidad para que no sean percibidas como una acción política selectiva.
Según la exdiputada, la auditoría debe abarcar un periodo mínimo de cinco años e incluir administraciones pasadas para determinar si las irregularidades en la planilla son estructurales o discrecionales según cada presidencia de la Asamblea.
Acciones concretas y consecuencias tras auditorías
Gómez advirtió que los hallazgos de la auditoría pueden derivar en consecuencias administrativas o penales. “Si hay violaciones a la ley con dolo, deben remitirse al Ministerio Público. Si son faltas administrativas, corresponde a la Contraloría hacer correcciones y sugerencias para mejorar la gestión”, explicó.
Además, resaltó que la Contraloría tiene la potestad de corregir, suspender y mejorar los pagos dentro del Estado, por lo que las auditorías deben ser utilizadas como insumo para reformar el reglamento interno de la Asamblea.
Diputados suplentes contratado en la Asamblea
En otro tema, Gómez se refirió al papel de los diputados suplentes y la interpretación de la Constitución sobre su rol en la administración pública. Explicó que, desde el momento en que un suplente es elegido y recibe sus credenciales, se convierte en funcionario público y no puede recibir otro salario del Estado.
Gómez concluyó subrayando que la Asamblea Nacional debe acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema sin interpretaciones individuales. “Antes podíamos tener criterios distintos, pero ya la Corte habló. Ahora toca cumplirlo”, sentenció.
