La Universidad de Panamá defendió la transparencia del proceso de construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM), una obra que califican como “la más grande desde la edificación del campus Octavio Méndez Pereira” y que ya alcanza un avance físico del 95.6 %, aunque solo se ha pagado el 81 % del valor contratado.
El contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2019 al Consorcio HCG, S.A., luego de un proceso licitatorio abierto que incluyó 16 empresas en la reunión de homologación. El consorcio obtuvo 95.3 puntos en la evaluación técnica y la adjudicación fue refrendada por la Contraloría General de la República el 10 de diciembre de ese mismo año, bajo la administración del contralor Federico Humbert.
“El proceso de contratación del proyecto ‘Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito’ se realizó conforme a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, asegurando transparencia, libre concurrencia y debido proceso”, asegura la Vicerrectoría.
Sobre el uso de fondos, la Universidad detalló que los pagos han sido verificados por técnicos institucionales y la Contraloría, y enfatizó que “la UP ha sido, en todo momento, rigurosa en el uso de los recursos públicos”.
Reclamo por suspensión durante pandemia
El proyecto se vio afectado por la pandemia de COVID-19, lo que llevó al consorcio a presentar un reclamo por equilibrio contractual por 28 millones de balboas. Tras consultar con la Contraloría, se acordó una compensación de B/.15.6 millones.
No obstante, con la llegada del nuevo gobierno, el rector envió una solicitud de revisión el 2 de enero de 2025, bajo el oficio R-D-2550-2025, en busca de claridad sobre cómo se calculó esa suma. La Universidad precisó que no ha desembolsado ningún pago relacionado con este monto.
“La Universidad no tiene responsabilidad sobre el uso posterior de los fondos recibidos por la empresa adjudicataria”, subraya el comunicado. “Esta obligación recae exclusivamente en la empresa, la cual debe actuar conforme a la legislación fiscal y las normativas vigentes”.
Finalmente, la institución reafirmó su postura sobre la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público.
“Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar que cada recurso público asignado cumpla con su propósito: servir al pueblo panameño y fortalecer el desarrollo educativo del país”, concluyó la Vicerrectoría Administrativa.