El abogado Roberto Ruiz Díaz, presentó hoy ante el Ministerio Público, una denuncia penal contra el Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz y el director de Marina Mercante de la entidad, Rafael Cigarruista, por la emisión de una patente a favor de la nave Gibunker 100, bajo licencia de operación de la empresa Sea Energy.
Una vez la nave entra al país, dice el abogado, la misma es incluida en la empresa Sea Energy, empresa que fue denunciada por el caso Sea Lion, una embarcación causante de un derrame de combustible en Taboga en junio de 2020, y a la que la misma Autoridad Marítima de Panamá AMP le había cancelado su permiso de operación.
Según Roberto Ruiz Díaz, esta situación constituye una amenaza para el ambiente, ya que la normativa existente respecto a los años de puesta de quilla, busca evitar que lleguen naves viejas para prestar servicios dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, y lo que estamos viendo es que la administración de la AMP está autorizando el ingreso de naves que están siendo desechadas en otra jurisdicción porque no pueden prestar ese servicio.
“Por eso es que preocupa que esa nave, por ser antigua, pueda producir este tipo de afectaciones o derrames en las aguas jurisdiccionales del país”, dijo Roberto Ruiz Díaz
Incluso, menciona que estaríamos ante un caso de competencia desleal, pues Gibunker 100 tiene un año de estar prestando servicio, compitiendo incluso deslealmente con otras empresas que se dedican a la misma actividad pero que sí tienen que cumplir los requisitos en cuanto a la antigüedad de sus embarcaciones, especialmente en el tema del cabotaje.
Ante todo lo expuesto, el abogado dice que le tocará al procurador general admitirla, pues se trata de una denuncia penal directa en contra de los funcionarios, “porque son ellos los que tendrán que responder por el tema de abuso de autoridad e infracción de los deberes como funcionarios, y por la posible falsificación de documentos públicos al omitir una información tan sensible como es poner el año de la puesta de quilla, en estos casos que es un tema técnico, pero que en la Autoridad Marítima de Panamá AMP lo conocen muy bien”.
Roberto Ruiz Díaz mencionó que aprovechó la diligencia para ampliar otra denuncia contra la administración de la AMP en el caso de Panama Ports, donde debía establecerse el nuevo precio que PPC debía pagar al estado por el movimiento de contenedores conforme a la prórroga que se dio.
