Productores de arroz a nivel nacional, denunciaron ante diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, la crisis que enfrentan por los altos costos de producción, la caída en los precios que paga la industria y el ingreso irregular de importaciones que han saturado el mercado.
Los productores explicaron que el detonante ha sido el ingreso irregular de importaciones. Recalcaron que un barco privado (462 mil quintales) entró al país antes del inicio de la cosecha, pese a que la Ley 17 de 2018 prohíbe las importaciones en periodo de precosecha (dos meses antes de la producción nacional).
Posteriormente, el Gobierno, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), autorizó otro barco (450 mil quintales) en plena cosecha, lo que saturó el mercado, desincentivó la compra del grano local y presionó los precios a la baja.
A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño y el alza en insumos, combustible y mano de obra, factores que han elevado el costo de producción a B/. 26.40 por quintal, mientras la industria paga entre B/. 26 y B/. 27.50, llegando en la práctica a valores por debajo del costo real.
Reacciones en la Asamblea
Durante la sesión, los diputados respaldaron la posición de los productores y anunciaron que convocarán a los ministros de Economía y Finanzas (MEF) y de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para analizar soluciones inmediatas.
El diputado Raúl Pineda advirtió que el sector está en “cuidado intensivo”, pues el precio de venta cayó de B/. 33 a B/. 23 por quintal, comprometiendo la próxima siembra. La Comisión también reconoció que los molinos se aprovechan de la situación imponiendo precios irrisorios que ponen en riesgo la estabilidad de miles de familias rurales.
Por su parte, Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz de Veraguas, recordó que Panamá tiene abastecimiento garantizado hasta 2026, pero insistió en que la seguridad alimentaria solo se mantendrá si se protege al productor local.
Propuesta inmediata
Los productores pidieron la aplicación urgente del artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de B/. 7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto revisable cada tres años. Este subsidio daría un respiro al sector, evitaría la quiebra de pequeños y medianos productores y garantizaría la paz social.
Además, los productores plantean la necesidad de una hoja de ruta de transformación del sector, que contemple investigación, financiamiento y modernización de sistemas productivos, con el objetivo de migrar del secano tradicional hacia sistemas de riego y secano favorecido.
“El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias rurales. Sin un mecanismo de apoyo inmediato, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria en los próximos años”, reiteró Spiegel.