La participación ciudadana y de pescadores nacionales permitió, a través de modificaciones presentadas en una subcomisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, subsanar algunos vacíos y disposiciones de la ley que permiten en Panamá que, algunas embarcaciones continúen en la práctica ilegal de aleteo de tiburones.
De acuerdo con cifras del Humane Society International, más de 72 millones de tiburones son asesinados cada año para saciar este gran negocio.
La Comisión Población, Ambiente y Desarrollo, asignó una subcomisión, que se reunió para el análisis del anteproyecto de ley 1029, que modifica, adiciona y deroga disposiciones de la Ley 9 de 1 de marzo de 2006, con el objetivo de restaurar y conservar las poblaciones de tiburones en las aguas jurisdiccionales.
El diputado Eugenio Bernal, quien presidió esta subcomisión acompañado de los diputados Eric Broce y Juan Diego Vásquez, estableció como metodología la discusión artículo por artículo, donde todas las partes interesadas dieron sus aportes y modificaciones al anteproyecto, logrando ser consensuado.
Participaron en el análisis de esta normativa la directora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Yarelis Martínez; representantes de la Fundación MarViva; del Centro de Incidencia Ambiental; de la Universidad Tecnológica de Panamá; miembros de COOCAPAMAR; funcionarios de MI AMBIENTE; representantes de COOCULPA; miembros de Twin Ocean Research Foundation y de la Asociación Agrícola Pesquera del Puerto Mensabé.
Finalizada la discusión y consensuado los 15 artículos del anteproyecto, el diputado Juan Diego Vásquez indicó sentirse optimista de poder consensuar con todos los sectores interesados en este proyecto de ley, que busca proteger las especies de tiburón en nuestro país.