El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó que queda prohibida la solicitud del certificado de salud mental como requisito para trámites laborales, educativos o administrativos de carácter general en todo el país, en cumplimiento de la Ley 364 del 6 de febrero de 2023.
Ley 364 protege la salud mental como derecho humano
La Ley 364 establece la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga a todas las entidades a garantizar la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.
El Artículo 5 de la normativa refuerza el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por padecer o haber padecido un trastorno mental, especialmente en el ámbito laboral y educativo.
Instituciones deberán modificar reglamentos y procesos
El Minsa instruyó a todas las instituciones a revisar y ajustar reglamentos internos, manuales de procedimientos, formularios de admisión y requisitos de contratación que aún incluyan la exigencia de este certificado.
Además, deberán implementar procesos de información y capacitación al personal sobre esta nueva disposición legal.
Excepción solo para trabajos de alto riesgo
La normativa establece que únicamente podrá justificarse una evaluación de salud mental cuando exista una función específica de alto riesgo claramente definida, de carácter individual y debidamente fundamentada, según lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024.
Sin embargo, esta excepción no podrá aplicarse como requisito general ni extenderse a categorías ocupacionales completas.
Sanciones por incumplimiento
El Minsa advirtió que el incumplimiento de esta disposición podrá generar responsabilidades administrativas y legales para las instituciones que no acaten lo establecido en la ley.
La medida busca reforzar la inclusión, evitar la discriminación y garantizar un trato digno hacia las personas con condiciones de salud mental en Panamá.