El primer consenso ya se logró entre Panamá y Colombia para controlar a partir de agosto y septiembre el flujo de migrantes con cuotas máximas de ingreso semanales. Por el país han ingresado más de 55 mil migrantes, en su mayoría de Haití, Cuba y países extracontinentales. Este escenario humanitario genera un costo al estado panameño de 20 millones de dólares.
Hasta la fecha, 50 niños migrantes permanecen en albergues de la Senniaf debido a que sus padres fallecieron en la travesía por la selva inhóspita de Darién.
Panamá abogó por un enfoque humanitario ante la migración irregular, que se aceptó por consenso, e instó al resto de los países a actuar en conjunto y en consecuencia con las convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos de las personas en movimiento.
A la convocatoria panameña acudieron la canciller y vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez; el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano; el canciller de Brasil, Carlos F. França; el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo; el canciller de Chile, Andrés Allamand; el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard; el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Marco Mendicino; el vicecanciller de Perú, Luis Enrique Chávez; y, la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya.
Con esta iniciativa, Panamá se coloca a la altura de un nuevo desafío regional, fiel a sus principios y a su histórico papel como país de encuentro y de diálogo entre las naciones del mundo.