El coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC), Miguel Antonio Bernal, aseguró que el país atraviesa un proceso de “alfabetización constitucional” con miras a una eventual Asamblea Constituyente, aunque advirtió que aún falta el “motor de arranque” para activar la participación ciudadana masiva.
“Son 54 años con un texto constitucional impuesto y 58 años de abandono de la educación cívica”, afirmó, al señalar que gran parte de la ciudadanía no cuenta con las herramientas necesarias para ejercer plenamente su poder de participación.
Según el funcionario, el proceso de divulgación ya ha alcanzado a cerca de 250 mil personas mediante conferencias, talleres y entrevistas, aunque reconoció que todavía existe desconfianza en la población.
Ciudadanía, desconfianza y el reto de la participación
Bernal sostuvo que la principal dificultad del proceso es que los ciudadanos no están acostumbrados a involucrarse en asuntos públicos, lo que ha permitido en su opinión que el poder ciudadano sea “secuestrado por la partidocracia”.
Sin embargo, insistió en que la construcción de una nueva Constitución debe entenderse como una tarea colectiva y no exclusivamente gubernamental. “Es una tarea del ciudadano, no solo del gobierno”, enfatizó.
El coordinador también consideró que la participación ciudadana podría aumentar una vez se oficialice el decreto de convocatoria para la elección de constituyentes, lo que según estimó podría marcar un punto de inflexión en el proceso.
Requisitos y diseño del proceso constituyente
Sobre la posible conformación de una Asamblea Constituyente, Bernal indicó que aún no existe una definición final sobre los requisitos, aunque planteó algunos criterios básicos como ser panameño de nacimiento y mayor de edad.
También sugirió restricciones para personas con cargos de mando o jurisdicción dentro del Estado, así como para quienes enfrenten procesos judiciales. “No se trata de un cargo electorero más, es algo histórico y trascendental”, señaló.
En cuanto al número de constituyentes, estimó que una cifra cercana a 51 miembros podría ser adecuada para garantizar representatividad y eficiencia, y propuso que el proceso de deliberación no exceda los 60 días.
Tensiones institucionales y rol de los órganos del Estado
Bernal también cuestionó el papel de algunas instituciones en el proceso, particularmente la falta de involucramiento del Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo, a quienes según dijo se les invitó a participar sin obtener respuesta favorable.
Asimismo, criticó lo que describió como prácticas de negociación política entre partidos en la designación de autoridades, lo que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana.
Temas de fondo: poder, instituciones y reforma del Estado
El constitucionalista planteó que una nueva Carta Magna debería abordar reformas profundas en la estructura del Estado, incluyendo una reconfiguración de los tres órganos del poder público.
También mencionó la necesidad de fortalecer instituciones de garantía, actualizar el enfoque sobre recursos estratégicos como el agua y el Canal de Panamá, y elevar a rango constitucional temas como el medio ambiente. “La Constitución es un todo. No se puede fragmentar”, afirmó.
Empresarios, partidos y sociedad civil: participación desigual
Bernal señaló que, aunque se han realizado acercamientos con gremios empresariales y organizaciones civiles, la respuesta ha sido limitada.
A su juicio, existe un “desinterés” generalizado por parte de sectores organizados, mientras que los partidos políticos mantienen reservas frente a un eventual cambio constitucional.
Un proceso abierto, pero incierto
El funcionario concluyó que el proceso constituyente avanza, pero aún depende de decisiones políticas clave y de la activación real de la ciudadanía. “Uno puede llevar el caballo al río, pero no obligarlo a beber agua”, dijo, al resumir el desafío central del proceso.
