Los derechos de carácter social están entre los más vulnerados en Panamá y el caso más notorio es el del acceso a la salud, señala el informe 2023 sobre la situación de los Derechos Humanos divulgado por la Defensoría del Pueblo.
Vulneración que, según destacó, queda patente por la mora en prácticas quirúrgicas, colapso de infraestructuras, cierres de hospitales, insatisfacción de pacientes, "sobre todo los pacientes de dietilenglicol (jarabe comprado por el Seguro Social en 2003 que causó un envenenamiento masivo) y los de hemodiálisis".
El Defensor manifestó que "persiste un desafío con el acceso a los servicios de salud que el próximo Gobierno (que asumirá en julio de 2024) tiene que analizar", mientras, dijo, "esta Defensoría seguirá trabajando para que se eliminen los subcentros de salud y que las personas puedan tener unos centros integrales de salud".
En cuanto al derecho al ambiente sano, señaló que también es vulnerado por el inadecuado manejo de desechos, la minería a cielo abierto que generó conmoción social, la falta de estrategias ante la crisis hídrica que desencadena en la calidad del servicio de agua potable; sostuvo además, que también es importante prestar atención a aplicación de medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático y prevenir casos como el traslado de los habitantes de Gardí Sugdup.
En tanto, sobre el tema de la Educación Lenblac indicó que es un aspecto en el que no se han observado mejoras, basado en 2 inspecciones realizadas a nivel nacional en escuelas de las 10 provincias.
En el caso de niñas, niños y adolescentes , sostuvo que se detectó la urgencia de fortalecer la estrategia de capacitación, divulgación para la comprensión adecuada y aplicación de la Ley 285 que protege a este grupo prioritario y reforzar la educación sexual en escuelas para prevenir embarazos adolescentes e incremento en cifras de infecciones de transmisión sexual.
En cuanto a las personas migrantes, hizo un llamado a trabajar en conjunto entre países de origen, de destino y de tránsito; así como con agencias internacionales y organismos no gubernamentales para la protección de la vida y garantía de los derechos de esta población en situación de movilidad.