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Niegan afectación de derechos a exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses

El exdirector del (Ifarhu), Bernardo Meneses, quien enfrenta una investigación por su presunta vinculación con delitos contra el orden económico.

Albis Calderón Sánchez
Por Albis Calderón Sánchez

En una audiencia celebrada este miércoles 15 de enero, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, negó la solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, quien enfrenta una investigación por su presunta vinculación con delitos contra el orden económico, específicamente en la modalidad de blanqueo de capitales.

Investigación en IFARHU

Durante la sesión, la jueza evaluó los argumentos expuestos por ambas partes y concluyó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del imputado.

Según su análisis, hasta la fecha no se han infringido las garantías constitucionales ni los derechos a una defensa efectiva o una investigación objetiva, elementos esenciales para el debido proceso.

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En una audiencia celebrada este miércoles 15 de enero, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, negó la solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses.

En una audiencia celebrada este miércoles 15 de enero, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, negó la solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses.

En representación del Ministerio Público participó la fiscal Lilia Mitchell Benome González, mientras que la defensa del exdirector estuvo a cargo de la abogada Nadia Castillo, quien planteó la solicitud en nombre de su cliente.

Con este fallo, el proceso legal contra el exfuncionario continúa bajo la supervisión del Ministerio Público, que adelanta las investigaciones correspondientes en torno a los hechos imputados.

Esta resolución reafirma el compromiso de las autoridades judiciales con la transparencia y el respeto a las garantías procesales en casos de alto perfil.