Ante las declaraciones formuladas por el Gobierno de Panamá, en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, mejor conocido como contrato minero, anunciado el martes 28 de noviembre de 2023 (el Fallo), Cobre Panamá (Minera Panamá) reitera que la transparencia y el cumplimiento de las leyes siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y reitera el interés de impulsar el diálogo para encontrar soluciones.
En respuesta a esto, la empresa cree que hay algunas preguntas clave que deben responderse:
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Cobre Panamá descarga más de 100 millones m3 de agua al año. Toda el agua impactada por la mina proveniente de los vertederos y el pozo de desechos se trata en la planta de proceso antes de ser descargada en la Instalación de Manejo de Relaves (IMR). El tratamiento no solo aborda la calidad del efluente del proceso y del agua impactada por la mina, sino que, lo que es más importante, proporciona amortiguación al material de relaves existente que ya ha sido depositado. Es probable que detener la planta de proceso y el tratamiento asociado resulte en un deterioro bastante rápido de la calidad del agua de descarga, incluida una caída del pH y un aumento de los metales en solución. ¿Cómo se tratará el efluente para garantizar que no siga habiendo impacto sobre la fauna acuática aguas abajo del IMR?
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El IMR fue diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad internacionales. No es una estructura de retención de agua y, por lo tanto, necesita un mantenimiento continuo para garantizar que funcione de acuerdo con los criterios de diseño. La falta de gestión del agua o de mantenimiento de la integridad de los sistemas de drenaje de los terraplenes puede tener consecuencias catastróficas.
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¿Qué recursos estarán disponibles a largo plazo para garantizar la seguridad de la instalación y evitar fallas catastróficas?
¿Cómo planea el Gobierno evitar la llegada de mineros ilegales?
¿Cómo se puede gestionar el sitio de Cobre Panamá para minimizar el riesgo de daño a las personas y al medioambiente?
¿Deberían ser asumidas por el Gobierno de Panamá las más de 200.000 hectáreas de áreas de biodiversidad protegidas y gestionadas que actualmente apoya financieramente Cobre Panamá? Estas áreas en los Parques Nacionales de Donoso, Santa Fe y Omar Torrijos representan casi el 20% del total de áreas protegidas de Panamá.
¿Cómo se apoyarán en el futuro los programas de conservación de especies actualmente financiados por Cobre Panamá? Entre ellas se incluyen especies en peligro de extinción como la tortuga carey y el águila arpía, así como flora y fauna endémicas.
¿Cómo se pueden seguir cumpliendo eficazmente los compromisos de rehabilitación y reforestación establecidos en el contrato de concesión de 11.175 hectáreas, aproximadamente el doble de la huella minera y de las que ya se han asumido más de 4.200 hectáreas, un proceso que llevará varios años?
¿Cuáles son los planes del Ministerio del Trabajo (MITRADEL) para el apoyo, capacitación y desarrollo continuo de las 40,000 personas empleadas directa e indirectamente por Cobre Panamá en el futuro?
El acuerdo de concesión revisado preveía importantes contribuciones económicas a la seguridad social y las pensiones por parte del Gobierno de Panamá para los panameños. ¿Cuáles son los planes del Gobierno de Panamá para abordar este déficit en las finanzas públicas?
¿Cómo apoyará el Gobierno de Panamá a las aproximadamente 2.000 empresas que actualmente dependen de Cobre Panamá?
¿Debería la planta de energía de Punta Rincón soportar los requisitos de carga base en Panamá mientras continúa la escasez de energía procedente de fuentes renovables?
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Dados los enormes desafíos económicos que enfrenta Panamá en el futuro cercano,
¿cuáles son los planes del Gobierno de Panamá con respecto a las implicaciones legales y financieras tras el fallo judicial?
El proceso de aprobación llevado a cabo en relación con la concesión de Cobre Panamá estuvo sujeto a una revisión detallada por parte de varias entidades del Gobierno de Panamá con la participación de expertos externos. ¿El fallo de la Corte crea un precedente, poniendo en riesgo todos los acuerdos contractuales comerciales que actualmente están vigentes y en consideración en Panamá?
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Cobre Panamá invirtió $10 mil millones de dólares en el país de buena fe. Se trata de la mayor inversión realizada por una empresa extranjera hasta la fecha. La decisión de la Corte expresa la inconstitucionalidad de la Ley 406, pero no considera el catastrófico daño financiero, social y ambiental que esto provocará.
La sentencia de la CSJ y los comentarios posteriores del Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, no tiene en cuenta los derechos de miles de panameños que dependen de la mina Cobre Panamá y de la minería para su sustento. Cobre Panamá tiene más de 7.000 empleados directos y 33.000 contratistas y proveedores, que tienen el derecho a un futuro próspero.
Entendiendo que lo dispuesto en el fallo de la CSJ refleja el descontento social respecto a la minería en Panamá, y a pesar de que el Presidente anunció la suspensión de las operaciones de Minera Panamá, la empresa permanece abierta al diálogo constructivo.
Mientras, ante esta suspensión, buscará aclaraciones, así como comprender la situación jurídica con respecto a las obligaciones medioambientales asociadas. Cobre Panamá se reserva todos los derechos legales para proteger su inversión, prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y se mantiene abierta al diálogo constructivo y transparente.