Más de 30.000 docentes del sector público de Panamá, que tiene una nómina de unos 54.000 maestros, no cobrará su salario la próxima quincena porque no han trabajado al estar en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la reforma de ley de la Caja de Seguro Social ya vigente, anunció el contralor general del país, Anel Flores.
El contralor reiteró que no se trata de un "descuento" salarial, sino de la "ausencia de pago, porque el que no trabaja, no cobra", tal como dicta la Ley de Contraloría, que "prohíbe derrochar recursos públicos".
El funcionario aseguró que su despacho está auditando una por una las poco más de 3.000 escuelas públicas que tiene Panamá y está "corroborando dónde hay personas trabajando, dónde hay gente que va al trabajo y se sienta y no da clases".
Esto debido a que la información sobre la asistencia del cuerpo docente a las escuelas que llega del Ministerio de Educación (Meduca) no es fidedigna, dado que los directores, que son los encargados de esa labor, están "cubriendo" a los maestros ausentes o que no laboran.
Peculado
Según Flores, algunos maestros han confesado no haber trabajado durante el paro, pero han seguido cobrando el salario, y "si cobraron sin trabajar, eso es peculado y tendrá consecuencias", agregó.
Los gremios docentes defienden su derecho a huelga y han presentado recursos ante la Justicia contra la medida de la Contraloría de no pagar el salario debido al abandono del puesto de trabajo.
El Ministerio de Educación hace llamados constantes a los docentes en paro a que retomen sus labores y desmiente que vayan a ser objeto de sanciones como, asegura la titular de la cartera, Lucy Molinar, se informa a los agremiados maliciosamente.
Las autoridades educativas y grupos de padres y representantes alertan además del grave daño que se hace a los estudiantes del sector público por la pérdida irrecuperable de clases, y que esto ahonda aún más la brecha con el sector privado de la educación, que ha seguido desarrollando el calendario escolar sin cortapisas.
Los gremios docentes del sector público realizan el paro, tildado de ilegal por las autoridades y que se desarrolla de manera irregular, para obligar al Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino a derogar la Ley 462 que reforma la seguridad del social del país, una posibilidad que el mandatario ha descartado.