Una querella penal por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos contra la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, fue presentada este lunes por el representante legal de algunos jueces de paz que fueron desvinculados de sus puestos.
"Se han cometido irregularidades en la implementación en la justicia comunitaria, en relación con la nueva ley, la primera ilegalidad que se ha producido ha sido el reemplazo de los jueces comunitarios a partir de enero de 2026 que no debían ser removido de sus cargos hasta que finalizaran su período", dijo el abogado Justino González.
Algunos jueces que fueron desvinculados reclamaron que no se ha respetado sus acuerdos laborales, incluso se ha violado hasta temas delicados como fuero maternal.
Por su parte, Miguel Palma, exjuez de paz en Santa Ana, dijo haber sido desplazo mediante un proceso donde no se cumplió con la legalidad.
"Fui desplazado y digo que fui desplazado si soy titular conforme a las reglas que decía la Ley 16 y la Ley 467 establecía cuál iba a ser el procedimiento en los corregimientos donde existiera el titular, que nos llegue un reemplazo con una toma de posesión que no fue el acto administrativo más adecuado, o la transición más adecuada", explicó Palma.
La ministra de Gobierno respondió
Al respecto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo defendió la nueva justicia comunitaria, aseguró que no se ha violado ningún derecho laboral. La funcionaria advirtió que están poniendo la casa en orden.
"Aquí no le estamos violentando los derechos a nadie, en el caso del fuero, yo no puedo traer un fuero cuando te voy hacer un nombramiento con un fuero que ya pasó. Ya tu diste a luz, tu fuero era con el municipio, con nosotros tu vienes con un nombramiento interino de cero", relató Montalvo.
La titular de Gobierno incluso informó que en algunas casas de justicia se llevaron desde las sillas hasta carpetas de procesos.
"En este momento tenemos jueces que están trabajando con lo que les dejaron para poder operar, están atendiendo con lo que tienen, se fueron sellos, se fueron boleteras, se perdieron los libros donde estaban las audiencias, pero estamos sacando esto adelante", agregó la ministra.
Desde el 1 de enero de 2026, la justicia comunitaria de paz pasó al control del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de mejorar la atención de los ciudadanos.