Panamá vive un momento crítico. La reciente declaratoria del estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, con la suspensión de garantías constitucionales, evidencia en palabras del abogado penalista Juan Carlos Araúz el fracaso de la institucionalidad para responder a tiempo ante una crisis social creciente.
Según el jurista, si instituciones como el Ministerio Público hubieran actuado desde los primeros hechos de violencia más allá del marco de protesta legítima, “quizás no habríamos llegado a este punto de descontrol”.
Suspensión de garantías Constitucionales en Bocas del Toro
Araúz subrayó que esta decisión marca un antes y un después en la historia democrática del país. “Es la primera vez en esta era que se suspenden garantías constitucionales. Esto no es menor. Panamá vive la terminación de una época sobre cómo entendemos el Estado de derecho”.
Lamentó que se haya normalizado en el imaginario colectivo, que protestar es sinónimo de paralizar el país: “Ese aprendizaje erróneo está llevando al debilitamiento institucional y al deterioro de la convivencia”.
Judicialización, vacíos legales y el papel de los jueces
El penalista explicó que, aunque el estado de urgencia permite ciertas flexibilidades procesales como la detención por más de 48 horas sin control judicial inmediato, el actuar de la Policía ha sido, hasta ahora, mesurado: “Se detiene a los implicados y se les pone rápidamente a órdenes del juez”.
Sin embargo, advirtió que los jueces de garantía deberán tener un rol clave en las próximas semanas: “Hay un debate jurídico profundo que se abre con esta medida. Habrá que llenar vacíos con interpretaciones estrictas de la ley, sobre todo en temas como detenciones preventivas y medidas cautelares”.
Falta de coordinación institucional
Araúz también cuestionó que la Corte Suprema de Justicia no haya sesionado de forma extraordinaria al momento de la declaratoria de urgencia, para preparar protocolos ante la ola de detenciones y audiencias masivas.
“Debió haberse convocado un pleno para designar jueces de contingencia. Esta falta de previsión puede agravar la crisis”.
Reto ante la situación
El abogado advierte que, más allá del uso de herramientas excepcionales, el reto sigue siendo político y social. “El gobierno tenía y tiene acceso a información de inteligencia sobre la infiltración de grupos violentos. Esa omisión también debe analizarse”.
Para Araúz, lo que está en juego no es solo el orden público en una provincia, sino “la forma en que Panamá construye o destruye su democracia”.
