El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, cuestionó con dureza el estado de la administración de justicia en Panamá y advirtió que el principal problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad, recursos y carácter institucional.
La justicia como prioridad pendiente
Márquez Amado planteó que se requiere una justicia firme, con revisión efectiva de sentencias y mayor fiscalización del patrimonio de jueces y funcionarios, incluyendo controles bancarios que permitan detectar posibles ingresos irregulares. También cuestionó que el Ministerio Público dependa de informes previos de la Contraloría para investigar enriquecimiento ilícito, lo que calificó como una limitación inconstitucional.
En materia de corrupción, sostuvo que no necesariamente se necesitan nuevas leyes. “Las reglas existen; el problema es quién las aplica”, afirmó, comparando el sistema con un partido de fútbol donde el resultado depende de quienes juegan y dirigen, no del reglamento.
¿Nuevas leyes o mejor aplicación?
El exmagistrado también criticó el trato desigual hacia las candidaturas independientes. Recordó que la Constitución establece igualdad de condiciones frente a los partidos políticos, pero en la práctica dijo reciben menos financiamiento y enfrentan reglas distintas, especialmente tras propuestas aprobadas en la Comisión de Reformas Electorales.
Según Márquez Amado, la ciudadanía ha empezado a compensar esa disparidad con su voto, lo que explica el aumento de representación independiente en la Asamblea. No obstante, advirtió que las reformas planteadas podrían profundizar las desventajas de cara a las elecciones de 2029.
Pese a sus críticas, reconoció avances en transparencia electoral, como la transmisión extraoficial de resultados, que ha fortalecido la confianza en el conteo de votos.
En conclusión, el exmagistrado insistió en que el cambio depende en gran medida de la ciudadanía. “El voto es un arma poderosa si se utiliza correctamente”, sostuvo.
