El mal uso de los fondos públicos por parte de alcaldes y representantes de corregimientos y otros funcionarios en los gobiernos locales es rechazado por sectores de la sociedad civil que claman por austeridad, transparencia y rendición de cuentas. En su reciente comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional, el contralor Gerardo Solís dijo que la Ley 37 de 2009 faculta a las autoridades locales para actuar como lo hacen.
El caso más reciente salpicó al alcalde de Arraiján Rollyns Rodríguez, quien recibirá pagos mensuales por $10,400, un salario por arriba del presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y voceros de la sociedad civil cuestionan una vez más el uso inadecuado de los fondos públicos. Para Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, es una vergüenza que existan funcionarios que decidan sobre sus propios ingresos. Por su parte, Luis Pinedo, indicó que se están violentado los derechos y la paz de los ciudadanos con este tipo de decisiones.
Ante este escenario de irregularidades, el procurador de la administración, Rigoberto González, inició las pesquisas sobre el manejo de fondos públicos asignados a los gobiernos locales de alcaldes y representantes.