El Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 125 “Que subroga la Ley 230 de 24 de junio de 2021, que crea el Sistema de Alerta Amber, para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad.
Reiteró que el gobierno da un paso en firme para garantizar pronta y rápida atención ante la desaparición de los menores de edad.
Montalvo agradeció a todo ese equipo que participó en este proyecto, sobre todo la sociedad civil que nos apoyó para lograr este instrumento legal que estamos seguros que será de mucha ayuda para avanzar con la protección de nuestros menores.
Este instrumento legal hace énfasis en que es el Ministerio de Seguridad Pública el ente rector del sistema de Alerta Amber, toda vez que es quien lidera los distintos estamentos de seguridad.
Además, contempla que este Sistema funcionará a través de acciones conjuntas, coordinadas y articuladas entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada, que permitan agilizar y lograr la difusión, búsqueda, localización y recuperación rápida del niño, niña o adolescente desaparecido.
Estará estructurado de un Consejo Directivo, una Oficina de Activación Temprana, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, un director ejecutivo y unidades técnicas temporales o permanentes.
Este Consejo Directivo será el órgano superior en la toma de decisión del Sistema Nacional de Alerta Amber, funcionará ad honorem y estará integrado por representantes de las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales como: Ministerio de Seguridad Pública, quien lo presidirá, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Policía Nacional, Servicio Nacional de Migración, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Un representante de la Cámara Panameña de Seguridad Privada, Un representante del Consejo Nacional de Periodismo y Un representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Este proyecto de Ley introduce principios de interés superior del menor de edad, como celeridad, coordinación interinstitucional y solidaridad.