La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública de oficio en Guatemala relacionada a las mal llamadas prácticas de conversión titulada: Efectos de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, en la que participa activamente Fundación Iguales.
En el caso de Panamá, Iguales presenta los hallazgos del estudio Countering Conversion Practices: Investigación sobre factores de riesgo psicosociales para la salud mental en una muestra LGBTIQ+ en Panamá (2024–2025), que documenta la existencia de prácticas de conversión en el país y su impacto en la salud mental de las personas LGBTIQ+.
El informe sostiene que la ausencia de regulación, prevención y sanción configura un escenario de tolerancia estatal frente a prácticas que pueden constituir violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, y al derecho a la salud mental.
En toda la región es un tema de interés importante, urgente y creciente. En Colombia, un proyecto de ley busca prohibir expresamente las prácticas, con medidas de prevención, atención y reparación; enfrenta desinformación y odio contra activistas. En Canadá existe una prohibición federal existente; exige educación, apoyos para sobrevivientes y mecanismos de implementación para quienes están en mayor riesgo. Desde 2001 en Ecuador existen reportes de mujeres lesbianas en centros de rehabilitación para cambiar su orientación; en 2014 delitos de tortura y de odio reconocidos, pero no hay procesos judiciales y la práctica persiste en espacios privados ante recortes institucionales.