La Ley 6 del sector eléctrico, vigente desde finales de la década de 1990, se acerca a sus 30 años y enfrenta un proceso de modificación para actualizar sus mecanismos de regulación y control. Para Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y Finanzas, la legislación ha cumplido un papel importante en el desarrollo del sistema eléctrico panameño, pero considera necesario revisar qué funcionó y qué aspectos requieren ajustes.
También señaló que, mientras la economía panameña se ha quintuplicado, la capacidad eléctrica tuvo que cuadruplicarse para acompañar ese crecimiento.
El reto: mejorar la calidad del servicio
A su juicio, la modificación de la ley busca fortalecer los controles, elevar las obligaciones de las empresas distribuidoras y hacer más efectivas las sanciones.
Entre las nuevas obligaciones mencionó aspectos como calidad del servicio, inversiones, electrificación rural, suministro de información y redes inteligentes.
Multas de hasta $20 millones
Uno de los cambios que genera atención es el aumento de las sanciones para las distribuidoras, que podrían alcanzar hasta los 20 millones de dólares.
Aramburú considera que la ley debe definir con precisión qué constituye un incumplimiento y bajo qué parámetros se aplicarán las sanciones.
En ese sentido, planteó que deben establecerse indicadores claros y estándares internacionales para medir la calidad del servicio.
SAIFI y SAIDI: cómo se mide la calidad
El exministro explicó que existen indicadores utilizados para medir el desempeño de las distribuidoras. El SAIFI mide la frecuencia de las interrupciones no programadas, mientras que el SAIDI mide la duración de esas interrupciones.
Según Aramburú, estos indicadores permiten determinar si las empresas cumplen con las normas de calidad establecidas por el regulador y contempladas en sus contratos de concesión.
También advirtió que no todas las interrupciones son responsabilidad de las distribuidoras, ya que algunas pueden originarse en el sistema de transmisión estatal.
Interventor genera preocupación
Otro punto de la reforma que, según Aramburú, requiere especial atención es la figura del interventor. La propuesta contempla que pueda intervenirse una empresa cuando no cumpla con determinadas normas de calidad o inversión.
El exministro considera que deben establecerse claramente las condiciones que permitirían activar este mecanismo, debido a que una intervención regulatoria podría generar incertidumbre entre los inversionistas.
A su juicio, la ley debe precisar cuándo y bajo qué circunstancias el regulador podría asumir la administración de una empresa concesionaria.
¿Mejor calidad o tarifas más bajas?
Ante la discusión sobre los efectos de la reforma, Aramburú señaló que el principal objetivo debería ser mejorar la calidad del servicio.
Explicó que las tarifas están vinculadas a contratos de compra de energía realizados mediante licitaciones públicas y cuestionó que, en los últimos años, estas licitaciones no se hayan realizado con suficiente anticipación para generar mayor competencia.
La propuesta de modificación devuelve a las distribuidoras un papel más activo en la compra de energía, aprovechando su experiencia y conocimiento del mercado.
Tres distribuidoras: un modelo que considera adecuado
Aramburú considera que el país mantiene una estructura adecuada con tres concesionarios de distribución eléctrica. Actualmente, una de las concesiones está en manos de ENSA, mientras que las otras dos corresponden a Naturgy.
Sobre el número de empresas, sostuvo que mantener tres permite contar con competencia y comparación entre operadores, mientras que incorporar más actores podría generar ineficiencias.
Además, destacó que Panamá cuenta con unos 600 grandes clientes que compran directamente su energía a los generadores y pagan a las distribuidoras por el uso de las redes.
El desafío de ajustar sin frenar la inversión
Para Aramburú, la reforma de la Ley 6 representa una oportunidad para corregir problemas del sistema eléctrico, pero debe mantener un equilibrio entre mayores exigencias regulatorias y condiciones que permitan continuar atrayendo inversión.
Su planteamiento es que Panamá eleve los estándares de calidad y fortalezca la supervisión sin generar reglas que terminen desincentivando la participación privada en el sector eléctrico.