Según Nivia Rossana Castrellón, especialista en educación, Panamá enfrenta un déficit educativo significativo que fue demostrado en pruebas internacionales y nacionales, y se empeora tras paro docente que mantiene sin clases a los estudiantes hace más de un mes, implicando a niños panameños que no están adquiriendo los conocimientos necesarios para una futura inserción laboral y social adecuada.
En julio de 2022, las protestas por el alto costo de la vida resultaron en la pérdida de 405 días. Posterior a la fecha, el problema de la mina First Quantum Minerals añadió 45 días más, llevando el total a 450 días.
En la actualidad, se contabilizan 490 días de clases presenciales perdidos y siguiendo esa línea, la especialista subrayó que los más afectados por el tiempo perdido son los niños más vulnerables, quienes ya venían con un rezago significativo debido a una educación a distancia inequitativa en calidad durante dos años lectivos.
Consecuencias de la interrupción
En cuanto a las afectaciones, Castrellón detalló las alarmantes y multifacéticas consecuencias de esta situación:
- Generación de grandes brechas de aprendizaje y deficiencias académicas.
- Aumento de la deserción escolar, un riesgo crítico si no se mantiene el contacto entre el estudiante y la escuela.
- Desarrollo de inadaptación personal, social, familiar y escolar, lo que puede llevar a conductas antisociales.
- Una contracción en la capacidad de la economía porque cada joven tiene que contribuir al desarrollo del país.
- Disminución definitiva en la capacidad de los jóvenes para generar ingresos a lo largo de su vida.
- Aumento en la informalidad en los jóvenes, pasando del 52 % en 2019 al 60 % en la actualidad, con un incremento de mil niños por mes en esta categoría.
Además, la especialista agregó que el estudio de FUNDESPA y Jóvenes Unidos por la Educación reveló que por cada 100 días de clases presenciales perdidos, se crea un 1.59 % más de "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan), lo que equivale a 5,929 ninis adicionales a los que ya había.
Derecho a la educación
Castrellón enfatizó que este es un derecho constitucional habilitante y, por ende, debe ser garantizado a los niños y jóvenes porque los adultos no deben privar a un menor de ser educado y pese a que existe un protocolo establecido por el Consejo Permanente Multisectorial para el cumplimiento del Compromiso Nacional por la Educación, se prevé la implementación de educación a distancia en situaciones de fuerza mayor.
A diferencia de países como Uruguay, que también fueron golpeados por paros educativos, los jóvenes no perdieron clases y utilizaron plataformas para impartir cátedras como inglés, buscando asegurar la calidad de la educación.
Además, la especialista advirtió que esta situación condena a una sociedad menos educada, menos productiva y con menos oportunidades porque la oportunidad de movilidad económica y social para los sectores más vulnerables se reduce del 33 % al 12 %.
Por último manifestó que las personas en situaciones de vulnerabilidad continuarán siéndolo, pero para revertir esta tendencia, propuso la implementación de estrategias masivas de recuperación de aprendizaje, incluyendo la apertura de plataformas digitales y el uso de recursos a través de la televisión y la radio.