La descentralización avanza como motor de equidad y desarrollo en Panamá, permitiendo que los municipios ejecuten proyectos prioritarios de agua potable y saneamiento con recursos propios del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Un ejemplo de este impacto se vive en Akua Yala, comarca Madungandí, donde un sistema de abastecimiento solar abastece ahora de agua segura diaria a 300 familias, transformando su salud, productividad y bienestar.
Gracias a estos esfuerzos, Panamá lidera en la región la inversión per cápita en agua y saneamiento, con $49.8 por habitante, y ha destinado más de $1,179 millones desde 2001 a programas estratégicos que fortalecen la cobertura y sostenibilidad del recurso hídrico.
Sin embargo, aún persisten desafíos: el 5.6% de la población carece de acceso básico al agua potable, y en las zonas rurales una de cada tres familias sigue sin suministro constante. Superar estas brechas exige planificación, cooperación y compromiso sostenido de todos los actores institucionales y comunitarios.
Panamá, en vías de cumplir con el ODS 6: Agua y saneamiento para todos
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que sostiene la salud, el bienestar y el desarrollo económico. Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas, más de 500 ríos y el mayor promedio de lluvias de Centroamérica —2,924 litros por metro cuadrado al año—, una riqueza natural que debe traducirse en equidad.
Actualmente, el 98.1% de los hogares urbanos tiene acceso a agua potable gestionada a nivel básico; sin embargo, en áreas rurales esta cifra baja a 86.3%, y en las comarcas indígenas la brecha es aún mayor: solo 41% de los hogares en Ngäbe Buglé y 31% en Emberá Wounaan cuentan con fuentes de agua mejoradas.
Estas desigualdades afectan la salud, el desarrollo infantil, la productividad familiar y el avance local, representando un desafío para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos.
Para lograrlo, Panamá fortalece su estrategia de gobernanza local participativa, mediante inversiones en infraestructura, protección ambiental y educación en higiene. Desde la aprobación de la Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015, los municipios pueden identificar y ejecutar proyectos prioritarios de agua y saneamiento, utilizando recursos del IBI y del Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM).
El agua potable mejora la calidad de vida, impulsa el crecimiento socioeconómico inclusivo y protege el medio ambiente. Fortalecer la descentralización y mantener la inversión local en infraestructura hídrica son apuestas estratégicas por un Panamá más justo, sostenible y solidario, donde cada proyecto de agua representa un paso real hacia el desarrollo inclusivo y la equidad territorial.