La Defensoría del Pueblo de Panamá exhortó a las autoridades educativas y a las comunidades escolares del país a reforzar las acciones necesarias para asegurar entornos libres de discriminación, violencia y exclusión, con motivo del inicio del año escolar 2026.
La entidad recordó que el derecho a la educación no se limita al acceso al sistema escolar, sino que comprende su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación. En ese contexto, señaló que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y de prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.
Asimismo, destacó que la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación constituyen herramientas clave para fortalecer la convivencia escolar, garantizar que las medidas disciplinarias se ajusten a los principios de proporcionalidad y debido proceso, e implementar acciones preventivas frente a toda forma de discriminación, además de mecanismos accesibles de denuncia y protección.
La Defensoría reiteró su disposición de acompañar técnica y pedagógicamente estos esfuerzos y subrayó que el derecho a la educación debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno.