La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Christ Silva, declaró como causa compleja la investigación que se sigue contra 83 personas por presuntos delitos contra servidores públicos, la seguridad colectiva, el patrimonio económico (daños), la libertad individual y la vida e integridad personal (lesiones personales). Los imputados, asistidos por 12 defensores técnicos particulares, enfrentan cargos vinculados a las protestas registradas el miércoles 12 de febrero en la Avenida Balboa y en la construcción del nuevo Hospital del Niño.
Silva fundamentó su resolución en el elevado número de imputados, así como en diligencias periciales pendientes directamente vinculadas a los hechos, cuya ejecución tardía no es atribuible al Ministerio Público. Subrayó que la declaración de causa compleja responde tanto a la naturaleza del caso como a la necesidad de garantizar “el derecho de los imputados a una investigación objetiva”.
En la misma audiencia, la jueza revisó las medidas cautelares impuestas a 82 de los 83 imputados que comparecieron, levantando la prohibición de salida de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Argumentó que la decisión se tomó por “razones de carácter humanitario” y para respetar “el derecho al trabajo de los investigados”.
Se mantienen vigentes las medidas de reporte periódico ante el Ministerio Público y la prohibición de acercarse a las víctimas. Según Silva, estas disposiciones “son necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos y garantizan los fines del proceso”.
La Fiscalía, representada por la fiscal superior Elizabeth Carrión y la fiscal Jenybeth Barraza, anunció que apelará la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el 1 de septiembre a las 8:30 a.m., en la sala número uno de Plaza Ágora.