Durante un operativo nacional de fiscalización vehicular llevado a cabo en Semana Santa, la Contraloría General de la República de Panamá identificó 62 casos de uso indebido de vehículos del Estado, según reveló un informe oficial publicado este lunes.
Luis De León, jefe del Departamento de Placas del Estado de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, subrayó que este tipo de operativos son esenciales para proteger los recursos públicos.
Como resultado directo de la inspección, 11 vehículos fueron retenidos, la mayoría pertenecientes a juntas comunales del interior del país, específicamente en Chiriquí, Bocas del Toro y la región de Azuero.
Adicionalmente, la Policía Nacional emitió 51 boletas por otras infracciones vehiculares, aunque en esos casos no se procedió con la retención de los vehículos.
El despliegue se realizó con la participación de 142 fiscalizadores en coordinación con unidades de la Policía Nacional, cubriendo 26 puntos fijos de control en todo el país.
El objetivo principal del operativo fue asegurar que los vehículos del Estado se usaran exclusivamente para funciones oficiales, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 124 de 1996 y su modificación mediante el Decreto Ejecutivo No. 167 de 2021.
Las normas exigen que todo vehículo oficial cuente con placa vigente, póliza de seguro, copia del Registro Único de Propiedad Vehicular, revisión técnica actualizada, y que su circulación fuera del horario laboral esté respaldada por un salvoconducto debidamente autorizado.
Las sanciones por el incumplimiento van desde B/. 200 para los conductores, B/. 300 para los jefes de transporte, hasta B/. 500 y destitución del cargo para directores administrativos en caso de reincidencia, según el artículo 8 del citado decreto.