La Contraloría General de la República elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración con el propósito de precisar el alcance del marco normativo vigente relacionado con la identificación y clasificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), particularmente en lo referente a la participación de funcionarios públicos en juntas directivas.
En el caso de la Contraloría, existen funcionarios que participan en algunas juntas directivas exclusivamente en representación institucional y con derecho a voz, pero sin derecho a voto, por lo que no intervienen directamente en la adopción de decisiones de dichos organismos.
Ante esta particularidad, y tomando en consideración el marco regulatorio vigente, incluyendo las disposiciones introducidas en 2026, la Contraloría consideró prudente solicitar un criterio jurídico a la Procuraduría de la Administración que permita determinar con precisión el alcance y la aplicación de estas disposiciones a dichos representantes.
Mientras se recibe el pronunciamiento correspondiente, la Contraloría ha dispuesto suspender temporalmente la participación de sus representantes en estas juntas directivas, como una medida preventiva orientada a garantizar la absoluta transparencia, la seguridad jurídica y el apego al marco legal.
La Contraloría General de la República reiteró que sus actuaciones estarán guiadas por la prudencia institucional, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.