Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada este lunes contra la nueva ley de facturación electrónica aprobada en la Asamblea Nacional de Panamá. Durante la presentación de este recurso ante la Corte Suprema de Justicia, miembros del Colegio Nacional de Abogados, el Movimiento de Contadores Públicos y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, se manifestaron en las escalinatas del Palacio de Justicia Gil Ponce, en rechazo de la ley sancionada por el presidente de la república Laurentino Cortizo Cohen.
La ley 256 sobre factura electrónica, aprobada de forma expedita en la última legislatura de la Asamblea Nacional de Panamá, obliga a los profesionales a reportar de forma automática los trámites con los clientes. A juicio de los abogados, la norma viola la confidencialidad de los servicios.
Durante su participación en la protesta ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Gilberto Boutin, señaló que el artículo 40 de la Constitución Política de la República exonera de pagar los servicios de profesionales liberales de todo impuesto y que a pesar de ello se ha presentado un proyecto de ley que ahoga la capacidad económica de todos los profesionales del país.
Los directivos del Colegio Nacional de Abogados estuvieron acompañados por dirigentes de otras agrupaciones. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, Donaldo Sousa, afirmó que con la aprobación de la ley sobre facturación electrónica se está atentando contra la profesión de muchísimas personas y que lo aprobado no es más que otra manifestación de un sistema político contaminado.
Entre las quejas está la obligatoriedad de contratar un programa de computación para los nuevos métodos de cobro. Las agrupaciones también solicitaron a la Asamblea Nacional de Panamá una nueva reforma a la ley de facturación electrónica, que sea consensuada con todos los sectores de la sociedad.