La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó formalmente, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar el Proyecto de Ley No. 226 y devolverlo a la Asamblea Nacional para una revisión técnica, económica y jurídica, acompañada de una consulta amplia.
La Apede en su comunicado reconoció que la atención de los jubilados, pensionados y adultos mayores debe ser una prioridad nacional, sin embargo recalcó que hay que evaluar otras formas de hacerlo.
La Asociación advirtió que el proyecto debe recibir un análisis integral que determine cómo se financiarán los beneficios y quién asumirá efectivamente su costo. Alegan que aplicarlo tal como está perjudicaría a las empresas y los prestadores de servicios, quienes deberán cargar con estos descuentos.
Proponen "análisis integral"
Según la Apede, una medida de esta naturaleza requiere un Dependiendo de cada actividad, este podría ser absorbido por las empresas, trasladado a los precios o distribuido entre los consumidores.
El impacto podría ser especialmente significativo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes reducidos y menor capacidad para asumir nuevas cargas. La Asociación también señaló que una obligación uniforme puede tener efectos distintos sobre una gran empresa, un pequeño establecimiento, una actividad regulada o un negocio con altos costos operativos.
La Asociación solicitó que la revisión del proyecto incluya la participación de representantes de jubilados y pensionados, autoridades, sector privado, consumidores y especialistas en políticas sociales y económicas. Este proceso permitiría cuantificar el impacto de la iniciativa, establecer fuentes de financiamiento sostenibles y asegurar que los apoyos puedan mantenerse en el tiempo.
