Los profesionales miembros del Movimiento de Abogados Gremialistas de Panamá presentaron este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 254 de Transparencia Fiscal Internacional. Los juristas exigen a los magistrados de la máxima corporación de justicia un pronunciamiento oportuno y que vaya en contra de la sanción del Ejecutivo. Alegan que la norma criminaliza el ejercicio de la abogacía en condición de agentes residentes en el país.
La Ley 254, demandada ante la Corte Suprema de Justicia, introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal internacional, prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En este sentido, el abogado y docente universitario Miguel Antonio Bernal resaltó que la normativa afecta a toda la ciudadanía porque las personas que van a solicitar que se haga una sociedad caen bajo una serie de responsabilidades que ahora se las quieren trasladar a los abogados, de manera represiva y no instructiva.
La Asamblea Nacional de Panamá, en su momento, cuando aprobó la ley en tercer debate, aseguró que la intención es sacar a Panamá de las listas grises.
Para el abogado Adolfo Linares se trata de una imposición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE.
La nueva normativa derogó la Ley del 2 de Febrero de 2011, que reguló las medidas que exigían a los agentes residentes de entidades jurídicas de Panamá conocer a sus clientes.
