La ministra de Desarrollo Social (Mides) y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, coordinó el traslado de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condiciones de discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
El Mides detalló que esta medida, ordenada por el procurador general de la nación, Luis Carlos Gómez, tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria, acorde a las necesidades de esta población.
Para el traslado de estos 10 jóvenes adultos, que crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, se requirió la coordinación con la Senniaf, entidad pública descentralizada y especializada del Estado, que tenía bajo su responsabilidad estás diez personas en el CAI de Tocumen.
La titular del Mides se trasladó la mañana del martes al Hogar María Auxiliadora para verificar personalmente las necesidades de la población trasladada, desde donde logró una articulación con el Ministerio de Salud, que envió, de inmediato, equipo médico que evaluó cada uno de los jóvenes.
Hay responsabilidad penal
Tras el anuncio, la diputada Alexandra Brenes reaccionó en redes sociales, al recalcar que estas acciones preventivas no eximen de las responsabilidades penales del caso.
"Aunque aplaudo la medida de protección del MP, las acciones de hoy no eximen responsabilidades por las denuncias ya hechas, ni por los posibles daños causados a niños y adolescentes. Las medidas actuales no sustituyen la rendición de cuentas", escribió en X.
Hay que recordar que fue la diputada Brenes, como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, quien realizó una primera inspección en el CAI de Tocumen y posteriormente presentó una denuncia penal tras las anomalías por presuntos abusos detectados.
Este caso ha mantenido en el ojo de la tormenta a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega.